La reforma hacendaría presentada el domingo 8 de septiembre por el presidente Enrique Peña Nieto, prevé gravámenes a colegiaturas, conciertos, comida de mascotas, viajes en autobuses foráneos, e incluso, a chicles, para recaudar 240 mil millones de pesos. El gobierno federal espera que con una mayor recaudación pueda echarse a andar una reforma social que otorgue seguridad social a la mayor parte de los mexicanos.
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Entre los analistas hay críticas y reconocimientos al planteamiento de la administración de Enrique Peña Nieto. En resumen, los analistas reconocen la eliminación del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y del Impuesto a Depósitos en Efectivo (IDE). También destacan el aumento de 30% a 32% en el Impuesto sobre la Renta (ISR) para quienes tienen un salario mensual promedio de 41 mil 666 pesos.
Otro aspectos que los analistas aplauden son la eliminación de la mitad de los regímenes especiales y de otros tantos tratamientos especiales como el régimen de consolidación fiscal y la deducción inmediata de inversión. Esto, dicen expertos como el director del diario El Financiero, Enrique Quintana, “causará enojos, pero va a implicar un tratamiento fiscal más parejo”.
Pretender gravar también las operaciones en la Bolsa de Valores y que se planee un impuesto para los boletos de autobús foráneo, se interpreta como medidas positivas. En el caso de la última -dice el periodista Carlos Puig- se enfrenta al “todopoderoso” gremio de los transportistas.
El aspecto que los analistas son más cautos al celebrar es la creación de un sistema de seguridad social universal, pues observan “reglas complicadas” en la presentación. “Llamarle universal es un exceso -dice Puig- pero va por el camino correcto”.
El analista Carlos Elizondo Mayer-Serra considera que la reforma hacendaria y su consecuente plan social sólo sería efectivo si disminuye la desigualdad.
“En los países donde hay reglas de asignación del gasto público progresivas y una buena capacidad administrativa para ejercerlo, la desigualdad disminuye en forma importante una vez que los impuestos se gastan en servicios públicos de calidad. Por ejemplo, mientras que Polonia tiene una tasa de pobreza relativa de 27% para finales de la década de los 2000 antes de la política fiscal, después de ésta baja a casi 12%”, dice el experto en su artículo publicado en la revista Nexos.
“El gobierno de Enrique Peña Nieto tiene que conciliar el cumplir sus muchas propuestas hechas a lo largo de la campaña con una reforma fiscal que pueda recaudar los recursos necesarios para pagarlos. La campaña fue una serie de propuestas bien documentada (…). Prácticamente todas son compromisos de gasto. La más onerosa es la propuesta de introducir en México una seguridad social universal cuyo costo se ha calculado en 5.69 puntos del PIB con datos de 2008″, agrega el analista.
